on Felipe entregó los despachos a los nuevos funcionarios de la Carrera Fiscal, cuyo ingreso se hace por oposición libre entre licenciados en Derecho y que reúnan las condiciones de capacidad exigidas.
Su Majestad el Rey abrió la sesión y concedió la palabra sucesivamente a la directora del Centro de Estudios Jurídicos, María Abigail Fernández; al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz; y a Teresa Muñoz, jefa de estudios del CEJ, quien dio lectura a la orden de concesión de la Cruz Distinguida de Segunda Clase de San Raimundo de Peñafort a Tomás Enrique Pérez Bitrián, número uno de la promoción, y seguidamente, el Rey le impuso la medalla académica y le entregó el diploma acreditativo.
A continuación, se produjo la entrega de los despachos a los nuevos fiscales de la LX Promoción, que el número uno de la promoción agradeció con unas palabras, finalizando con la intervención de la ministra de Justicia, María Pilar Llop, y el Rey levantó la sesión.
Para concluir, Don Felipe mantuvo un encuentro con los miembros de la LX Promoción de la Carrera Fiscal y autoridades.
Entre los nuevos fiscales, cuya edad media se sitúa en 29,5 años, 94 son mujeres (el 74% del total) y los 33 restantes son hombres (el 26%).
La mayor parte del alumnado, hasta un 93%, cursó la carrera universitaria en un centro público. Todos ellos son licenciados o graduados en derecho, si bien, 14 combinaron esa licenciatura o grado con estudios de administración y dirección de empresas; 3 con gestión y administración pública; 2 con ciencias políticas y de la administración; 2 con relaciones internacionales; y 1 con periodismo.
El CEJ regula la formación inicial de quienes aspiran a ingresar en una de las Carreras o Cuerpos de Justicia. El contenido de estos cursos de selección se orienta a la adecuada preparación de los aspirantes al ingreso en los distintos cuerpos para el desempeño de sus funciones. La preparación conlleva una profundización especializada en los conocimientos teóricos de mayor incidencia en las actividades profesionales y a través del aprendizaje en el ejercicio práctico de actuaciones y funciones propias de esas actividades.
La oposición para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal es conjunta. Tras superar las pruebas teóricas, los aspirantes eligen el ingreso en una u otra Carrera. Quienes eligen la Carrera Fiscal deben superar en el Centro de Estudios Jurídicos un curso de formación, produciéndose tras ello el ingreso en la Carrera Fiscal con el correspondiente juramento y toma de posesión de la plaza de destino.
La plantilla orgánica está formada por Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, equiparados a Magistrados del Alto Tribunal, Fiscales, equiparados a Magistrados y Abogados-Fiscales, equiparados a Jueces. Tales constituyen las que se denominan categorías primera, segunda y tercera de la Carrera Fiscal.
En cuanto a la adquisición y pérdida de la condición de miembro de la Carrera Fiscal, incapacidades, situaciones administrativas, deberes y derechos, incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidades de los mismos, cuando no está expresamente regulado en el Estatuto Orgánico, es aplicable supletoriamente lo dispuesto para Jueces y Magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que atribuye a los miembros del ministerio Fiscal un estatuto asimilado al de Magistrado, salvo las peculiaridades propias de la Institución.
El Centro de Estudios Jurídicos es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Justicia, a través de la Secretaria de Estado de Justicia, que tiene por objeto la colaboración con el Ministerio de Justicia en la selección y la formación de los miembros de la Carrera Fiscal y en los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Médicos Forenses y demás personal al servicio de la Administración de Justicia. También tiene responsabilidades sobre diferentes estudios y sobre la formación continuada y complementaria en diferentes ámbitos de la Administración de Justicia, Abogacía del Estado, así como de los miembros de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, en su especialización para la función de Policía Judicial.
El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional y con personalidad jurídica propia integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial y que, según el artículo 124 de la Constitución Española, tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social.
Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. La plantilla orgánica está formada por Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, equiparados a Magistrados del Alto Tribunal, Fiscales, equiparados a Magistrados, y Abogados-Fiscales, equiparados a Jueces. Tales constituyen las que se denominan categorías primera, segunda y tercera de la Carrera Fiscal.