l Rey ha conversado con el presidente del Consejo del Transporte y la Logística de CEOE, Rafael Barbadillo, que también preside el Consejo Nacional de Transporte Terrestre y la patronal CONFEBUS (Confederación Española de Transporte en Autobús).
La actual crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha provocado una drástica caída de la demanda de movilidad de mercancías y de viajeros, como consecuencia del decreto del Estado de Alarma. Pero a la vez ambos –mercancías y viajeros- han continuado prestando servicios para garantizar el acceso para, por un lado, proveer de equipos médicos, medicamentos, alimentos, combustible, entre otros, y por otro, para permitir que las personas que tienen que desplazarse, principalmente por motivos laborales (personal sanitario, supermercados, policías…), lo hayan podido hacer con una oferta de transporte suficiente.
Por eso quieren poner en valor su condición de sector de importancia estratégica y consideran necesario preservar el tejido productivo de la movilidad para que, una vez superada la situación y levantadas las restricciones a la movilidad, las empresas tengan la capacidad de poder ofrecer los niveles necesarios para atender a la demanda de la movilidad de las personas y mercancías, como condición básica de su calidad de vida y para sus necesidades cotidianas, y para acceder a servicios públicos básicos y a otros de carácter esencial.
No existe aún normativa alguna aprobada hasta la fecha con motivo de la situación del COVID-19 que contenga medidas para el transporte público, aún cuando las actuaciones establecidas han afectado gravemente a estos servicios y colocan en riesgo la viabilidad de sus operaciones.
El transporte por carretera en España, se desarrolla a través de 59.200 empresas de transporte de mercancías y 3.150 de transporte de viajeros, la mayoría de ellas PYMES. Siendo el parque de camiones de 255.000 y el de autobuses de 42.000. El empleo total generado es de 1.070.000 trabajadores.