Permitidme que, en esta oportunidad, cuando estamos convocados para entregar el prestigioso Premio Pelayo, comience mi intervención rememorando la figura de quien, durante tantos años, presidió su jurado, Landelino Lavilla, que, tristemente, nos dejó el pasado mes de abril. Sirvan estas palabras iniciales como un sentido reconocimiento a su obra, a su legado y a su memoria.
Entregar este Premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio es, sin duda, un honor y un placer. Pero, además me alegra especialmente hacerlo a una personalidad tan destacada como Tomás de la Quadra-Salcedo, catedrático de Derecho administrativo, exministro de Administraciones Territoriales y de Justicia y expresidente del Consejo de Estado. Le felicito de corazón por el Premio recibido, y también por las palabras que acaba de pronunciar. Pero, además, permitidme que, como testigo de algunas de sus facetas al frente de grandes responsabilidades de Estado, le exprese también mi admiración.
Asimismo, quiero reconocer a la Mutua Pelayo, a su presidente José Boada, el exito de otorgar estos galardones desde hace más de un cuarto de siglo. Gracias también al Ayuntamiento de Madrid y a su Alcalde por la hospitalidad que esta tarde nos brindan.
Señoras y señores,
Destacar la labor de los grandes juristas en nuestra sociedad tiene un profundo significado porque España es un Estado de Derecho pleno y moderno. El respeto efectivo al Derecho es y debe ser siempre insignia, emblema y distintivo de nuestra democracia. Se trata de un elemento que se constituye en esencial de nuestra convivencia como pueblo.
Un Estado de Derecho comporta elevadas exigencias: la más relevante acaso sea, la plena protección de los derechos fundamentales de la persona: en el orden político, la libertad de pensamiento y creencias, de expresión, de asociación, reunión y manifestación, así como también en el orden social, económico y cultural en todos sus aspectos. Exige además un respeto efectivo al imperio de la ley, a la jerarquía de las normas y a la objetividad de la acción administrativa para la consecución de los intereses generales.
El Estado de Derecho no puede ser para nosotros algo rutinario, neutro y mecánico; tampoco ajeno a los valores, ni insensible ante las necesidades sociales. Nuestro Estado de Derecho es social y democrático, según la formulación constitucional. Por ello, debe alcanzar los altos ideales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político inherentes a la dignidad de la persona.
Estado de Derecho significa también el sometimiento de los poderes públicos a la Ley, el rechazo de la arbitrariedad y de la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o religión. El Derecho ha de impregnar las relaciones entre las personas de cualquier condición, trabajadores o empresarios, pequeñas sociedades o grandes corporaciones, así como también entre los entes públicos, sean Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o entidades locales.
"...Destacar la labor de los grandes juristas en nuestra sociedad tiene un profundo significado porque España es un Estado de Derecho pleno y moderno. El respeto efectivo al Derecho es y debe ser siempre insignia, emblema y distintivo de nuestra democracia. Se trata de un elemento que se constituye en esencial de nuestra convivencia como pueblo..."
Para su cabal funcionamiento resulta indispensable un sistema judicial independiente fruto, de la separación de poderes. Estos poderes conviven y actúan sin interferencias, respetando la órbita de los demás. Desde este punto de vista, la garantía jurisdiccional por los jueces y tribunales de los derechos de cada uno y del cumplimiento de sus deberes viene a ser la coronación del Estado de Derecho, que alcanza su más alta expresión institucional en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo.
Para que esto sea posible, es preciso cultivar con esmero en nuestra sociedad el sentido humano del Derecho, que tiene el alto fin de proteger a las personas para que jamás sean degradadas ni pierdan su dignidad. De ahí la necesidad de transmitir a todos los ciudadanos los valores de la justicia y el Derecho desde la enseñanza primaria hasta la Universidad.
Señoras y señores,
Premiar a los grandes juristas españoles resulta así una labor trascendente. Vosotros, desde la Mutua Pelayo, venís haciéndolo de modo sobresaliente. Si repasamos los nombres de los galardonados en todas las ediciones, descubrimos un elenco de personalidades que han prestigiado el Derecho y la práctica de la justicia, en los más altos niveles.
De nuestro premiado, ya se han expuesto su trayectoria y méritos. No insistiré en ellos, pero sí querría subrayar tres rasgos que van más allá del hecho de ser Tomás de la Quadra-Salcedo un hombre de leyes.
En primer lugar, su compromiso con el servicio público; su vocación de servicio al Estado con gran competencia, dedicación y profesionalidad, lo que debemos agradecerle.
En segundo lugar, su compromiso social vinculado a la promoción por los poderes públicos de la realidad y efectividad de la libertad y de la igualdad, a las que se ha referido en su intervención y que constituyen una seña de su identidad.
Finalmente, su compromiso con nuestra Constitución, cuyos trabajos de elaboración apoyó y de la que siempre ha resaltado su indudable significado político y dimensión histórica y su enorme trascendencia para la convivencia en la España de nuestros días.
Tomás de la Quadra-Salcedo se une así a los grandes maestros universitarios que han transmitido a las nuevas generaciones de españoles el conocimiento actualizado del Derecho. Hay en ella ilustres representantes de la abogacía, de la magistratura y de la Fiscalía, junto a miembros destacados del Tribunal Constitucional y juristas de Estado, que proporcionan su consejo al Gobierno y a las más altas instituciones.
Sin duda, es una tarea trascendente la que realizáis. Os animo a continuar por esta senda desde el firme compromiso con el Estado social y democrático de Derecho que nuestra Constitución consagra, que nos ampara y al que nos debemos como españoles.
Muchas gracias.